Sala IV da tres meses al gobierno para presentar plan de acciones en Crucitas

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con el tema la minería ilegal en Crucitas y ordenó a varias instituciones del Gobierno a tomar medidas urgentes para atender la situación.

Específicamente los magistrados condenan al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que supuestamente ha sido una inacción que ha facilitado el daño ambiental en la zona.

Es por esto que entre lo ordenado por la Sala está lo que corresponde al Ministerio de Ambiente y al de la Presidencia:

a) Que procedan de manera inmediata a adoptar las medidas pertinentes para que dentro del improrrogable plazo de 3 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, le remitan a la Sala un plan detallado de las acciones que va a emprender cada una de las instituciones que integren la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas”, con indicación y cronogramas claros de las medidas por adoptar para proteger los recursos ambientales en la zona de Crucitas afectados por la minería ilegal, así como de las acciones de restauración, saneamiento y mitigación por desarrollar.

b) deberán verificar que cada órgano integrante de esa comisión determine, de acuerdo con sus propias competencias legales, las acciones individuales que obligatoriamente les corresponde ejecutar, dentro de un PLAN ÚNICO que como partes de la Administración del Estado deben realizar en forma conjunta.

c) Adoptar las medidas apropiadas dentro del ámbito de sus competencias para que las acciones propuestas dispongan de los recursos económicos, materiales y humanos que se requieran con miras a que sean ejecutadas a más tardar en el lapso de 12 meses, contado a partir de la notificación de esta sentencia.

Además al Ministerio de Seguridad Pública le ordena mantener de modo permanente e indefinido la presencia policial, reforzar el control migratorio en los puntos fronterizos requeridos para impedir el ingreso ilegal de personas, mantener el control y vigilancia con la finalidad de evitar que continúe la actividad de minería ilegal de cualquier tipo en esta región, adoptar las medidas pertinentes dentro del marco de sus competencias para contar con el presupuesto y el recurso humano necesario para el desarrollo eficiente y efectivo de las actividades de vigilancia, prevención, seguimiento y control en la zona de Crucitas y coordinar medidas y acciones con otras instituciones involucradas en el tema.

En lo que respecta al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados se india en el fallo que debe continuar con el suministro de agua potable a las poblaciones afectadas, adoptar las medidas necesarias a fin de que, en el plazo de 18 meses contado a partir de la notificación de esta sentencia, concluya el “Proyecto Integral de Abastecimiento de Agua Potable para las comunidades de Llano Verde, Crucitas, Jocote, Chorreras, El Roble y Chamorro”, continuar con las labores de coordinación interinstitucional para atender la problemática de la contaminación de agua potable y la obligación de suministrar agua potable en la zona de Crucitas.

Mientras que a la ministra de Salud se de dice que debe continuar con el control y seguimiento en lo que a su ámbito de acción corresponde, Mantener su participación activa en la “Comisión Interinstitucional para atender de forma integral las necesidades ambientales, sociales, de salud y seguridad en la zona de Crucitas” -indicada en su informe-, en lo que a su ámbito de acción atañe a fin de dar una solución definitiva al problema denunciado.

Llama la atención que en el fallo no se señala nada de la Asamblea Legislativa donde hay varios proyectos de ley que buscan regular esta situación pero no avanzan.