Los diputados aprobaron en segundo debate y de forma unánime, el proyecto de ley número 23.952, de Delitos Ambientales, con lo cual la minería ilegal, como la que ocurre en Crucitas ya se considera crimen organizado. “Lo que hace es ampliar los delitos o más bien las penas de los delitos ambientales, puntualmente la minería, pero también se suman la tala ilegal, se suma la caza y la extracción ilegal de plantas y también la protección de las tortugas marinas”, explicó Edgar

La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con el tema la minería ilegal en Crucitas y ordenó a varias instituciones del Gobierno a tomar medidas urgentes para atender la situación. Específicamente los magistrados condenan al Ministerio de Salud, al Ministerio de la Presidencia, al Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio de Ambiente y Energía y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, por lo que supuestamen