Corte califica de obstáculo normas de congelamiento a parte de su presupuesto
En la sesión de Corte Plena de este lunes 7 de setiembre, los Magistrados acordaron autorizar a la Presidencia del Poder Judicial para que revise todo lo relacionado con las normas de ejecución presupuestaria y se busque la forma de frenar el congelamiento de ₡29.843,8 millones.
Justamente hoy se dio una amplia discusión sobre este tema en la sesión de Corte y tras el análisis y exposición de los directores de las diferentes áreas la preocupación es muy grande y aseguran que esto se trata de un obstáculo.
Especialmente porque el método utilizado solo con el Poder Judicial para congelarle los recursos no establece un plazo cierto para su disponibilidad efectiva y condiciona su utilización al cumplimiento de una serie de trámites y autorizaciones que podrían prolongarse durante meses.
Es decir que no se puede planificar adecuadamente a la institución porque es conocido que el presupuesto anual se debe programar con anticipación las contrataciones, adquisiciones, servicios y demás obligaciones necesarias para garantizar la continuidad de sus funciones y la prestación de los servicios a la ciudadanía.
Y es que entre los requisitos que se establecieron están la presentación de estados financieros auditados (auditorías externas), certificaciones de la Contraloría General de la República, el conocimiento y aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la aprobación del Plenario Legislativo y, finalmente, una orden al Ministerio de Hacienda para proceder con el desbloqueo de los recursos.
Al no existir un plazo para resolución incluso una vez cumplidos los requisitos y obtenidas las autorizaciones correspondientes, la fase legislativa podría demandar un plazo similar al trámite de un presupuesto extraordinario que puede ser de hasta 93 días naturales.
Solo por mencionar tres de los rubros están:
Ciberseguridad Se limitaría la capacidad para prevenir, detectar y atender incidentes de ciberseguridad y mantener protegidos los sistemas y la información institucional.
Plazas vacantes El uso de plazas vacantes quedaría sujeto a un estudio técnico de la Contraloría General de la República, al conocimiento de Corte Plena y a la aprobación de una comisión legislativa, con actualización trimestral. Esto podría retrasar la sustitución de personas funcionarias que se jubilen o fallezcan. En el caso de personas juzgadoras, por ejemplo, la demora podría afectar la continuidad de los procesos, provocar la anulación de un juicio o impedir la prórroga oportuna de una medida cautelar.
Conectividad nacional Podría afectarse el pago de más de 22 contratos de enlaces de fibra óptica que conectan sedes, oficinas, centros de datos, sistemas y bases de datos del Poder Judicial en todo el país. Infraestructura y soporte tecnológico
Ante esto es que el Poder Judicial alza la voz y pide que no se actúe de esta manera.
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