Oficialismo e ICE presentan proyecto de ley para conformar asociaciones público privadas
- Jarmon Noguera González
- 20 ago
- 2 min de lectura
La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) presentó este 20 de agosto el proyecto de ley expediente N.° 25.733, una iniciativa que busca brindar seguridad jurídica al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para conformar asociaciones con entidades públicas y privadas en la prestación de servicios de telecomunicaciones.
La propuesta se presenta en medio de la controversia generada por una orden de la Contraloría General de la República (CGR), emitida el pasado 28 de julio, mediante la cual se indicó al ICE suspender las alianzas que mantiene con proveedores y otras instituciones bajo esta modalidad.
Según el Instituto, estas asociaciones son fundamentales para desarrollar y ofrecer soluciones tecnológicas y de conectividad a entidades públicas. Entre los ejemplos citados se encuentra el sistema EDUS utilizado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), así como los servicios de conectividad para escuelas y colegios del Ministerio de Educación Pública (MEP).
Cabe destacar que el tribunal contencioso administrativo acogió una medida cautelar provisional que dejó sin efecto la orden de la Contraloría, por lo que por el momento todo sigue igual.
Pero con el proyecto precisamente se busca establecer un marco que permita al ICE continuar realizando este tipo de alianzas con mayor certeza jurídica y flexibilidad en un mercado de telecomunicaciones abierto a la competencia.
La institución sostiene que la Ley N.° 8660, aprobada en el contexto de la apertura del mercado de telecomunicaciones, ya contempla facultades para que el ICE pueda establecer asociaciones y mecanismos de colaboración que le permitan competir y desarrollar sus negocios.
Sin embargo, el criterio emitido recientemente por la Contraloría, según la posición del ICE, limita esa posibilidad y podría afectar su capacidad de respuesta frente a otros operadores del mercado, además de poner en riesgo la continuidad de algunos servicios considerados esenciales.
“El ICE cuenta con una ley para agilizar su participación en el mercado en competencia. Nos sorprendió que la Contraloría pretenda en 2026 reinterpretar la normativa que por años ellos mismos avalaron. Por eso, presentamos la medida cautelar y apoyamos este proyecto”, indicó Marco Acuña, presidente de Grupo ICE.
De esta forma, mientras se resuelve el fondo del conflicto, los acuerdos que actualmente mantiene el ICE podrán continuar ejecutándose.
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