Contraloría denuncia uso ilegítimo de contratación directa del ICE por 10 entidades
- Jarmon Noguera González
- 28 jul
- 2 min de lectura
La Contraloría General de la República (CGR), dio a conocer que 10 entidades públicas realizaron de manera ilegítima la contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) al usar la figura excepcional de contratación directa entre entes de derecho público.
Dicha opción se puede aplicar sólo si la entidad contratada, en este caso el ICE, ejecuta el objeto sustancial por sí misma, algo que al parecer no sucedió en estos casos.
Marcela Aragón, Gerente de Fiscalización de Desarrollo de las Ciudades, explicó que el ICE “recurrió a alianzas con empresas privadas, que asumieron una ejecución sustancial del objeto que le fue contratado”, con lo que violenta lo anteriormente expuesto.
Y es que las empresas a las que recurrió el ICE se encararon de desarrollo técnico, equipamiento de hardware y software y su mantenimiento; reduciendo la participación del Instituto a una intermediación comercial y administrativa.
Ante esto “se ordenó a las 10 entidades públicas contratantes, controlar la idoneidad de ente público que contratan y aplicar las acciones administrativas correspondientes, según el ordenamiento legal en los contratos, analizado y elaborar un plan de transición que garantice la continuidad de los servicios brindados a la ciudadanía”, indicó Aragón.
Las instituciones que incurrieron en esta situación son: Asamblea Legislativa, Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), Instituto Nacional de Seguros (INS), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Ministerio de Hacienda (MH), la Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense (MAC).
Mientras que “al ICE se le ordenó, entre otros aspectos, establecer mecanismos de control y gobernanza para la correcta aplicación y ejecución de los acuerdos comerciales con sujetos privados, de acuerdo con la naturaleza jurídica de la figura alianza estratégica y a elaborar un estudio técnico y financiero de dichos acuerdos para aplicar medidas correctivas que protejan el patrimonio institucional y los fondos públicos”.
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