Contraloría considera improcedente condicionamiento de recursos al Poder Judicial
La Contraloría General de la República (CGR) emitió su informe técnico respecto al proyecto de presupuesto 2027 en el que hace algunas observaciones, entre ellas a las normas de ejecución impuestas al Poder Judicial.
“Se determina además la incorporación de cinco normas de ejecución que resultan improcedentes por no ser conformes a lo definido constitucionalmente”, señaló Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas.
Dichas normas entre otras cosas contemplan un bloqueo o condicionamiento previo de ¢29.844 millones en partidas del Poder Judicial, así como la prohibición de realizar traslados de recursos entre subpartidas sin la aprobación de presupuestos extraordinarios en la Asamblea Legislativa, y el
condicionamiento del uso de plazas vacantes o del pago de compensaciones salariales a la realización de estudios técnico-económicos ratificados o justificados por la Contraloría y posteriormente aprobados por la Comisión para el Control del Ingreso y Gasto Público -que actualmente no participa del proceso presupuestario- y el plenario legislativo.
Sin embargo, la Contraloría señala que basada en resoluciones de la Sala IV, este tipo de normas “exceden el trámite de la ley de presupuesto que utiliza un procedimiento especial y expedito circunscrito de manera exclusiva a la autorización anual de ingresos y gastos por cuanto por el fondo requieren de un trámite de ley ordinaria que prevé un proceso de amplia discusión y consulta. Además, condicionar el uso de recursos en la fase de aprobación presenta un vicio de constitucionalidad pues desvirtúa la autorización máxima del gasto que debe darse en un solo momento (arts. 176 y 177 constitucional) convirtiendo el monto de gasto previamente autorizado en un límite incierto, generando inseguridad jurídica que no permite iniciar, entre otros, los procesos de contratación y, en general, la ejecución presupuestaria.”
En cuanto al manejo de plazas, estas no se pueden regular por medio de una norma presupuestaria, sino que debe de hacerse por medio de ley ordinaria y además señalan que la asignación de tareas administrativas a la CGR representa un roce constitucional.
Adicionalmente Sáenz señaló que “No se presupuestan al menos 494,000 millones de colones que corresponde principalmente a la diferencia con las estimaciones realizadas por la Caja de las obligaciones del Estado por los Seguros Sociales, así como parte de la contribución patronal a Jupema”.
Y además se alerta que “el proyecto estima un incremento de la deuda al 65,5% del PIB producto en parte de la acumulación de liquidez y que de concretarse reflejaría la mayor variación absoluta anual que se ha observado en más de tres décadas manteniendo el gobierno en el escenario D de la regla fiscal”.
Los diputados deben de tomar en cuenta este informe para tomar la decisión respecto a este presupuesto.
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