Caso Diamante aún no está cerrado, abril será clave
- Jarmon Noguera González
- 5 mar
- 2 min de lectura
El proceso judicial conocido como caso “Diamante”, donde hay varias municipalidades involucradas y alcaldes y exalcaldes acusados por presunta corrupción se encuentra en una fase decisiva, aseguró el Poder Judicial.
El Tribunal Penal de Hacienda revisará en abril una resolución que declaró ilegales varias diligencias de investigación, entre ellas intervenciones telefónicas que fueron clave para el avance del caso.
El expediente, tramitado bajo el número 20-009616-0042-PE por el presunto delito de cohecho propio, continúa en etapa preparatoria. Esto significa que el proceso aún no ha llegado a juicio y que, hasta ahora, no existe una decisión judicial sobre la culpabilidad o inocencia de las personas investigadas.
Será el próximo 6 de abril de 2026, cuando el Tribunal Penal de Hacienda realizará una vista oral y privada para analizar un recurso de apelación presentado por el Ministerio Público. En esa audiencia, los magistrados deberán decidir si confirman o modifican una resolución previa emitida por el Juzgado Penal de Hacienda.
Inicialmente, la audiencia estaba programada para realizarse los días 16 y 17 de marzo, pero fue reprogramada a solicitud de varias de las partes involucradas en el proceso.
La apelación surge a raíz de una resolución dictada el 10 de diciembre de 2025 por el Juzgado Penal de Hacienda. En ese fallo, el juzgado analizó varios cuestionamientos planteados por las defensas sobre la legalidad de determinadas diligencias de investigación realizadas durante la etapa inicial del caso.
Tras ese análisis, el juzgado concluyó que las intervenciones telefónicas autorizadas en febrero y abril de 2021 no cumplían con los requisitos constitucionales y legales exigidos para este tipo de medidas. Como consecuencia, declaró su ilegalidad.
La decisión tuvo efectos más amplios, ya que el juzgado también dispuso excluir otras diligencias que dependían directamente de esas escuchas telefónicas. Entre ellas figuran allanamientos, levantamientos de secreto bancario y otras actuaciones derivadas de la información obtenida en esas intervenciones.
Precisamente esa exclusión de prueba es la que ahora será revisada por el Tribunal Penal de Hacienda a solicitud del Ministerio Público.
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